A días del incendio ocurrido en la planta alta del pabellón Benigno Segovia de la Facultad de Ciencias Agrarias, desde ADUNC hacemos pública nuestra solidaridad con lxs docentes de esa unidad académica, como así también con los no docentes y estudiantes que realizan sus tareas diarias en ese sector.
Luego de esto, es necesario llamar la atención sobre el lamentable accionar de las autoridades, que no han brindado oportunamente información oficial al respecto, y tampoco arbitraron planes de contingencia que permitan retomar las actividades que se realizaban en esos espacios, lo cual le agrega -a la ya problemática situación- componentes de incertidumbre y desasosiego.
Este incendio es una expresión extrema del estado deficitario en que se encuentran las instalaciones en las que los docentes desempeñamos cotidianamente nuestras tareas. Las condiciones edilicias son sumamente precarias, la falta de mantenimiento adecuado es una constante y las más elementales medidas de seguridad -que las leyes vigentes exigen- brillan por su ausencia.
Desde el año 2005 nuestra Asociación Gremial viene realizando un conjunto de acciones y reclamos tendientes a garantizar condiciones de medio ambiente de trabajo que ponga por delante la salud y la seguridad de trabajadorxs y estudiantes. En junio de ese año, se contrató a especialistas en el tema de Seguridad e Higiene para la realización de informes técnicos a la luz de las normativas vigentes.
En el año 2006, dada la falta de respuestas por parte de la Universidad decidimos comenzar con las denuncias ante el Ministerio de Trabajo lo que derivó al año siguiente en la inspección en la totalidad de los Asentamientos de la UNCo, a cargo de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT). En esa oportunidad expresamos: “la recorrida realizada junto a los inspectores de la SRT nos permitió confirmar la justeza de diferentes planteos y denuncias que los docentes enrolados en ADUNC venimos realizando desde hace ya mucho tiempo, y que lamentablemente, muy pocas veces fueron atendidas por las diferentes autoridades de turno. Debido a que las sufrimos a diario, las condiciones de precariedad no resultan novedosas, pero sí la inspección resultó relevante para poder dimensionar los tipos y niveles de riesgos y conocer la desprotección en la que desarrollamos nuestras tareas”. Como resultado de esa inspección se labraron actas donde se indicaban fallas, desperfectos e incumplimientos a las normativas que regulan la cuestión; y en diciembre del mismo año se enviaron a todas la Unidades Académicas -incluida la Facultad de Agrarias- informes pormenorizados de las deficiencias, debiendo la institución proponer un plan de mejoras.
En el 2010 hubo un compromiso de las autoridades de la UNCo y la FCA de asumir arreglos estructurales y de funcionamiento para que trabajadores y estudiantes pudieran realizar sus tareas diarias en condiciones que no pusieran en riesgo su salud.
Sin embargo, el incumplimiento de varios de esos compromisos -así como la excesiva demora en el cumplimiento de los pocos que se han llevado a cabo- hacen que la salud y las vidas se vean amenazadas de modo permanente, continuo y cotidiano. Ya tuvimos que intervenir diferentes sectores de la sede central y en algunas facultades, debido a un conjunto de situaciones que se producían como consecuencia del incumplimiento de los planes acordados con la SRT.
Desde esa inspección a la fecha se fueron resolviendo algunas situaciones extremas, como por ejemplo, la adecuación del Laboratorio de Suelos y Hormigón en Ingeniería; o el cambio de la caldera de Agrarias, que fue directamente clausurada durante la inspección por considerarla una bomba de tiempo; o las refacciones en algunos baños, así como la instalación de matafuegos y algunas puertas de emergencia en ciertos sectores de la sede central. No nos vamos a extender en detalles sobre estos casos –y las deficiencias técnicas que se evidenciaron inmediatamente- pero sí planteamos que estas excepciones marcan precisamente la idea con la que se maneja el tema de Seguridad e Higiene, esto es el actuar “obligadamente” frente a la emergencia.
Ya no hay dudas de que tragedias, como el incendio acontecido, ocurren por la falta de prevención, y que para evitarlos es necesario invertir y gestionar los fondos públicos, de modo tal que su destino sea el de a mejorar las condiciones de los edificios, de las instalaciones y los equipamientos.
Las condiciones de trabajo y de estudio atentan con las más elementales normas de seguridad y ponen en riesgo la vida y la salud de los trabajadores y estudiantes de las universidades nacionales.
La política del gobierno nacional que se materializa, entre otras, en las acciones del Consejo de Rectores (CIN), parece ser la de tapar el sol con las manos o poner en práctica la política de hacer lo que se puede y no lo que se debe.
Desde el CIN por medio de la Subcomisión de Seguridad e Higiene en el Trabajo del y también a nivel local la política está orientada a la capacitación[1], lo cual tiene implícito el supuesto de que no que sabemos; pero la realidad es que los recursos económicos necesarios para realizar cursos, talleres y eventos son insignificantes si se compara con los presupuestos necesarios para dotar de condiciones de trabajo seguras a las instalaciones.
Estos hechos no son fortuitos siendo las responsabilidades políticas de las autoridades las principales. Esas responsabilidades alcanzan a las autoridades de la facultad, de la universidad y del gobierno nacional, puesto que ante los permanentes reclamos de cuestiones relacionadas con la seguridad, y las condiciones de trabajo, no asumen las responsabilidades de estos hechos y permanentemente naturalizan la falta de presupuestos y minimizan sus implicancias.
Reclamamos de manera urgente se de cumplimiento al programa de acciones correctivas, preventivas y de remediación, en post de lograr la efectiva prevención de riegos contra las salud de los trabajadores, según lo expresa nota 104/07 de la Gerencia de Prevención y Control, de la SRT.
Para ello, es necesario que las autoridades realicen gestiones tendientes a conseguir en forma urgente el presupuesto, para satisfacer estas demandas, los instamos para se pongan a la cabeza de este reclamo, para lo cual quedamos a disposición para acompañar. No es aceptable plantear que el restablecimiento de las actividades normales dependa solo del cobro de la póliza del seguro que al parecer la FCA tiene contratado con una aseguradora privada. La universidad como institución pública estatal que debe garantizar el derecho a la educación es constantemente sometida a la lógica empresaria: pareciera que pagar el seguro es más barato que garantizar condiciones dignas de trabajo y estudio.
Hay que exigir que la UNCo reclame esos fondos ante la Secretaria de Políticas Universitarias y al Gobierno Nacional, pues el Estado es quien tiene la obligación de proveer los medios necesarios para que las UUNN desarrollen su labor como corresponde.
Entendemos que el incendio en Agrarias es un nuevo alerta para el resto de las sedes de la UNCo, y demuestra una vez más cómo el ahogo presupuestario y la desidia confluyen en la construcción del escenario del riesgo.
Desde ADUNC seguiremos en la tarea de reconocer, visibilizar y denunciar “la colección de irregularidades”, insistiendo ante las autoridades de cada unidad académica y de la administración central, para que garanticen las condiciones de Salud, Seguridad e Higiene.
Visibilizar y denunciar es el camino que tenemos lxs trabajadores para romper con la naturalización del riesgo, que es donde descansa el incumplimiento de las obligaciones del sector empleador -autoridades y funcionarios.-
COMISIÓN DIRECTIVA ADUNC
[1] 30 de octubre de 2007: 1º jornada sobre salud y seguridad en el trabajo en los ámbitos de la educación superior, Subcomisión de higiene y seguridad, CIN; 26 y 27 de abril 2012: Taller formación de formadores. Plan único de capacitación docente en seguridad en edificios universitarios. , capacitación sobre RCP, como evacuar edificios. etc.
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