La Universidad Pública está viviendo momentos muy difíciles. La ausencia de recomposición salarial, la deuda presupuestaria con las Universidades Nacionales y las medidas de reforma educativa, generan una enorme preocupación tanto de los claustros, como de los gremios como a nivel institucional en algunas universidades.
La situación salarial es desesperante. Llevamos 6 meses de un acuerdo salarial que venció. En estos 6 meses la inflación alcanzó un 16% y nuestros bolsillos han sido quienes han costeado esos aumentos con, únicamente, un 5% de aumento impuesto por el Gobierno Nacional de manera unilateral y por fuera de un acuerdo sectorial y serio. Además desde hace 3 meses que irresponsablemente la Secretaría de Políticas Universitarias NO CONVOCA a reunión a los gremios para hacer una oferta. Sólo convocó a tres reuniones: una en marzo, otra en abril y otra en mayo. La oferta del mes de mayo fue de 15% en 4 cuotas no acumulativas a terminar de cobrar en enero de 2019. Ninguna federación docente aceptó. Frente a una inflación que se calcula en más del 30% a fin de año, no podemos aceptar un acuerdo que rebaje un 15% nuestros salarios. Reclamamos un 30%, razonable y necesario para no perder con la inflación. Por todo esto, y sin nueva oferta ni convocatoria CONADU HISTÖRICA y CONADU definió no iniciar el segundo cuatrimestre desde el 6 de agosto al menos hasta el 10 que se evaluará la medida.
A esto se suma la actual situación de ahogo presupuestario. El Ministerio de Educación de la Nación sólo envió en el primer semestre del año las partidas presupuestarias de funcionamiento del mes de enero y mitad de febrero. Esto ocurrió con muchas universidades del país. Esa deuda en Comahue llegó a ascender a 66 millones de pesos. Actualmente el Gobierno sigue debiendo 52 millones. Se trata de aquellas partidas que se utilizan para el pago de los servicios, los insumos, los acreedores, la política de bienestar, etc. Sólo se están enviando las partidas de sueldos. La situación es crítica y pone en riesgo las actividades docentes y el funcionamiento adecuado de la institución. Ya son varias las unidades académicas que están haciendo públicas las dificultades y la suspensión de algunas actividades por falta de fondos. El Consejo Superior definió en su última sesión, realizar una sesión pública en el monumento a San Martín para hacer visible el reclamo. Los gremios están convocando en conjunto a movilizar de manera unificada a esa sesión y a que las autoridades universitarias encabecen el reclamo. La actual gestión de la UNCo estaría convocando a la sesión para la próxima semana (probablemente el viernes 10/08).
A esta política se suman las medidas de reforma educativa que pretenden reconfigurar la educación superior en la Argentina: Plan Maestro, Sistema de Reconocimiento de Trayectoria Académicas y la Resolución 1254/18 sobre recorte de incumbencias profesionales.
Por último, también afectan nuestra situación laboral dos medidas ajenas al Ministerio de Educación: la quita de la zona patagónica a las asignaciones familiares y la presión para que Comahue firme el Convenio con el Ministerio de Modernización para la aplicación del Plan de Dotaciones Óptimas en las Universidades Nacionales. Dicho plan es un instrumento de ajuste que se viene usando en INTI, INTA, INAI, CONICET y otros organismos nacionales y apunta a auditar la planta de personal y recomendar el número “óptimo” de trabajadores necesarios en la institución.
Es necesario defender nuestra Universidad, la universidad pública y las condiciones de trabajo, de enseñanza y de aprendizaje. Invitamos a toda la comunidad educativa, especialmente a nuestros estudiantes, a movilizar a la sesión pública del Consejo Superior.
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